El alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, ha protagonizado un polémico episodio al ordenar a la jefatura de Policía Local el cese temporal de la colaboración entre la Policía Local y la Policía Nacional en materia de protección a víctimas de violencia de género. La decisión, comunicada de la noche a la mañana a través de un mensaje de whatsapp remitido a los responsables de la Policía Nacional, sorprendió a los agentes y generó una gran preocupación en el ámbito institucional.
Hasta ese momento, la Policía Local de Rota, mediante un acuerdo de colaboración y a través de un agente de dicho cuerpo con dedicación exclusiva, trabajaba en estrecha colaboración y coordinación con la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, atendiendo a unas 40 víctimas con un grado de riesgo bajo, y según fuentes consultadas, próximas al sistema Viogén, desarrollando su labor con eficacia y buenos resultados. Sin embargo el regidor, con la repentina orden dictada, intentó interrumpir un servicio que constituye un pilar fundamental en la protección de más de un centenar de mujeres amenazadas por la lacra de violencia machista y que son objeto de protección por ambos cuerpos en la localidad.
La Subdelegación del Gobierno advierte al Ayuntamiento de Rota
La Subdelegación del Gobierno en Cádiz intervino de inmediato, instando al Ayuntamiento de Rota a continuar con la atención a las víctimas y recordando la obligatoriedad legal de esta colaboración. El organismo estatal se mostró sorprendido ante la actitud del municipio, que llegó a ser el único en toda España en anunciar su voluntad de dejar de participar en el sistema de seguimiento y protección.
La Subdelegación recordó al Consistorio que la colaboración entre cuerpos policiales no depende exclusivamente del convenio vigente —que tiene una duración de cuatro años renovables por un mero trámite administración de Subdelegación de Gobierno que no debe afectar al convenio de colaboración—, sino que se fundamenta en la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que establece el deber de coordinación entre las fuerzas de seguridad para garantizar la seguridad de las víctimas.
El convenio al que hacía alusión Javier Ruiz Arana, fue firmado por el propio alcalde de Rota en 2016, teniendo una duración prevista de cuatro años y debió de haberse renovado en el año 2020 como un mero trámite administrativo. A pesar de ello, no es hasta el año 2025 cuando el consistorio roteño detecta dicha situación e intenta extinguirlo marcándose, así como el único municipio de toda España que opta por esta vía aun cuando no es necesario para seguir manteniendo el acuerdo de protección de víctimas de violencia de género.
Déficit de efectivos en la Policía Local de Rota
Fuentes municipales reconocen que tras la orden del alcalde subyace un problema de falta de organización y de personal en la Policía Local, que atraviesa un notable déficit de efectivos. Según se ha podido saber, el propio jefe del cuerpo comunicó a los responsables policiales de la Comisaría de Policía Nacional de Rota encargados de la protección de las víctimas que, inicialmente había problemas con el agente municipal que realizaba estas funciones y debía dejar de realizar esas tareas para conocerse posteriormente que el problema e intencionalidad era que se centrarse en labores de patrullaje.
Esa situación provocó una reacción inmediata por parte de la Subdelegación del Gobierno, que advirtió al Ayuntamiento de Rota de la obligación de mantener la colaboración con la Policía Nacional, incluso aunque el convenio estuviera pendiente de renovación administrativa. Tras dicha advertencia, el Ayuntamiento rectificó parcialmente y permitió que el agente siguiera prestando servicio dentro del sistema Viogén, aunque prestando también labores de patrullaje.
El sistema Viogén sigue operativo en Rota
Cabe recordar que, aunque el convenio de colaboración pudo haber expirado en 2020, el sistema Viogén nunca dejó de funcionar, y los cuerpos policiales han continuado coordinándose en materia de violencia de género.
Fuentes del sistema de protección señalan que este episodio ha puesto de manifiesto la fragilidad del compromiso municipal con una de las políticas más sensibles en materia de seguridad y derechos humanos.
La decisión de Javier Ruiz Arana de suspender la colaboración, aunque fuera temporalmente, ha generado inquietud entre las instituciones y ha abierto un debate sobre la responsabilidad de los ayuntamientos en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.