El municipio de Rota se ha visto sacudido esta semana tras la entrada en liza de la UCO de la Guardia Civil en el Ayuntamiento con el objetivo de recabar información en el marco de una investigación que, según fuentes próximas al caso, podría estar relacionada con las decisiones urbanísticas adoptadas en torno a una licencia de obras concedida en el casco histórico.
Esta intervención se produce meses después de que una publicación de este medio adelantara que el alcalde, José Javier Ruiz Arana, habría actuado contra informes técnicos municipales, lo que abría la puerta a un posible delito de prevaricación.
Contexto: la exclusiva publicada en febrero
En febrero, este medio se hacía eco de la concesión de una licencia para construir viviendas en un solar del casco histórico —propiedad en su origen del exalcalde del PSOE Domingo Sánchez Rizo— se habría otorgado pese a existir informes jurídicos desfavorables. La parcela, inicialmente destinada a uso de hospedaje, vio modificado su uso a residencial a través de un acuerdo condicionado a la cesión de un local comercial al Ayuntamiento, cesión que no se había formalizado según los documentos que trascendieron entonces.
La promotora que adquirió posteriormente el terreno presentó un proyecto de cinco viviendas y obtuvo la licencia mediante decreto del propio Ruiz Arana, pese a que los técnicos municipales habían señalado la necesidad de la citada cesión previa.
Aquella información llevó a varios asesores penalistas consultados por este medio a advertir que podría existir un presunto caso de corrupción urbanística por una decisión política contraria a los informes de los servicios jurídicos.
La respuesta del Ayuntamiento: desmentido público y acusaciones de “bulos”
Pocos días después de publicarse aquella información, el teniente de alcalde Daniel Manrique de Lara convocó una rueda de prensa para negar rotundamente cualquier irregularidad. Calificó la noticia de “información tergiversada”, “historia artificiosa” y afirmó que el Partido Popular había lanzado “una estrategia de bulos” contra el gobierno municipal.
Manrique aseguró que la finca ya no era propiedad de Sánchez Rizo, que el proceso urbanístico era completamente legal y que la supuesta cesión del local no condicionaba en ningún caso la concesión de la licencia. En tono especialmente duro, llegó a afirmar que la portavoz popular “está como un perro rabioso” y que la publicación se realizó en “un medio afín al PP”, insistiendo en que “lo que publica ese panfleto y la realidad no se parecen en nada”.
En su intervención, defendió también la trayectoria “intachable” de Domingo Sánchez Rizo y sostuvo que el exalcalde había ofrecido varias veces un local para cumplir el acuerdo, pero que el Ayuntamiento prefería esperar a encontrar uno que resultase de mayor interés para sus proyectos patrimoniales.
La actuación de la UCO reabre el debate
La entrada de la unidad especializada de la Guardia Civil —la misma que investiga casos como Koldo, Abalos o la trama de mascarillas— introduce ahora un elemento de relevancia judicial que contrasta con la firme negación del gobierno local. Aunque no han trascendido detalles oficiales sobre el contenido de la investigación, fuentes jurídicas consultadas apuntan a que el origen de la misma podría estar vinculado precisamente al expediente urbanístico que motivó la polémica de febrero.
La actuación se produce después de que informes técnicos municipales advirtieran que no era posible otorgar el cambio de uso antes de formalizar la cesión pactada, mientras que el decreto firmado por el alcalde levantó esa objeción para autorizar las obras. Este conflicto entre resoluciones políticas e informes jurídicos constituye, según los penalistas que ya se pronunciaron en su día, el núcleo de lo que podría ser investigado como un presunto delito de prevaricación urbanística.
Un proceso en evolución y con consecuencias por determinar
La investigación supone un giro significativo para un caso que el Ayuntamiento de Rota dio por cerrado, calificando las informaciones periodísticas como “inventadas”. La intervención de la UCO confirma que el asunto sigue vivo a nivel judicial y coloca nuevamente bajo escrutinio la actuación municipal en uno de los expedientes urbanísticos más controvertidos de los últimos años.