La situación generada en torno al solar de la calle Ignacio Merello, en Rota, ha llevado al Partido Popular a solicitar explicaciones públicas al alcalde, Javier Ruiz Arana, a raíz de las dudas que rodean el procedimiento de cambio de uso y la posterior concesión de la licencia de obras en un terreno que perteneció al exalcalde socialista Domingo Sánchez Rizo. La formación afirma que la documentación municipal disponible no aclara aspectos esenciales y que existen lagunas que deben ser resueltas cuanto antes.
Según la información recogida en el expediente, que fue consultado por el Partido Popular tras meses de solicitudes formales, las modificaciones urbanísticas incrementaron el valor del solar, lo que en estos casos suele conllevar compensaciones para la administración mediante cesión de terrenos o inmuebles. Sin embargo, el Partido Popular asegura que no ha encontrado constancia documental del acuerdo previo que, según la Comisión de Redacción del PEPCH, debía existir antes de tramitar el cambio de uso.

Interrogantes sobre la documentación urbanística
El Partido Popular explica que en el expediente analizado no aparece ningún convenio, concierto o acuerdo mutuo que acredite la compensación al Ayuntamiento por la revalorización del solar. Tampoco constan, según la formación, informes técnicos que valoren la propuesta registrada por Domingo Sánchez Rizo ni documentos que determinen si la aportación de inmuebles propuesta respondía al valor real de mercado.
Desde el PP señalan que esta ausencia de documentos contrasta con lo habitual en procedimientos de este tipo, donde la compensación al Consistorio debe justificarse formalmente y quedar incorporada al expediente. La formación subraya que, pese a que la alegación del propietario establecía la entrega de un inmueble en el propio edificio que iba a construirse, en la propuesta se planteaba ceder inmuebles en otra zona, opción permitida por la normativa pero que requeriría aceptación expresa del Ayuntamiento, algo que tampoco figura en la documentación mostrada.
Meses de solicitudes sin respuesta y actuación del Consejo de Transparencia
El Partido Popular afirma haber presentado varias solicitudes de acceso a la documentación, la primera en febrero y la segunda en marzo, sin obtener respuesta en los plazos establecidos. Ante el silencio administrativo, la formación acudió al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que finalmente les dio la razón y obligó al Ayuntamiento a facilitar el expediente.
La documentación se puso a disposición del PP el pasado 24 de octubre, tras la resolución del Consejo. La formación lamenta que el acceso se produjera solo después de la intervención de este organismo y cuestiona por qué el Ayuntamiento no entregó el expediente cuando fue solicitado en primera instancia, tal como exige la normativa.
Solicitud de la UCO y preocupación por una posible denuncia
El Partido Popular también se hace eco de las declaraciones del teniente de alcalde, quien señaló recientemente que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había solicitado información sobre este asunto. El PP subraya que entre las funciones de la UCO está la investigación de posibles delitos de corrupción, por lo que considera necesario aclarar el motivo de esta petición y si existe una denuncia que la haya motivado.
La formación sostiene que la afirmación del miembro del equipo de gobierno refuerza la necesidad de máxima transparencia y exige al alcalde que detalle qué documentación ha solicitado la UCO y desde cuándo tiene conocimiento de esa actuación.
El Partido Popular pide claridad y exhibir los documentos
El Partido Popular reclama ahora que el alcalde haga públicos el convenio o acuerdo previo que debía justificar la modificación del uso del solar, así como los informes técnicos que respalden las decisiones adoptadas. Considera que la única forma de disipar dudas es mostrar los documentos y explicar las fechas de firma, si existieran.
La formación concluye pidiendo al alcalde que deje de centrar su discurso en desviar la atención hacia los medios de comunicación o hacia la oposición, y que aclare sin ambigüedades si el procedimiento fue completo, correcto y ajustado a los informes y trámites exigidos. Solo así, afirma, podrá restablecerse la confianza en la gestión de un expediente que ha generado preocupación política y ciudadana.
